Artículo eighty two. Retirada del certificado de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
four. La persona detenida será informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisión, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, así como de la posibilidad de su revocación posterior.
La decisión de entregar o no a una persona en foundation a una ODE se encuentra en un proceso exclusivamente judicial, siendo la Corte de Apelaciones en cuyo distrito el acusado o condenado tiene residencia, morada o domicilio en el momento en que la medida es recibida por la autoridad judicial competente para ejecutar una orden de detención europea.
Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo derivada de la relación directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una característica cuya puesta en práctica requiere la comunicación inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en tanto que permitirán a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a estos instrumentos.
J. Considerando que la confianza mutua requiere que los Estados miembros respeten el Derecho de la Unión y, más en concreto, tanto los derechos fundamentales reconocidos por la Carta como el Estado de Derecho, y en unique la independencia del poder judicial;
La fijación de un periodo de tiempo para ello es importante, porque estas peticiones no suponen suspensión del plazo legal para la tramitación de la orden europea de detención y entrega.
El Título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de ten de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Unión Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro.
c) Cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad unique.
Cuando concurran varias causas en las que se hubieran impuesto medidas alternativas a la prisión provisional del imputado, deberá seguirse el trámite previsto en este artworkículo en cada autoridad judicial que conozca de cada una de ellas.
four. Los apartados anteriores no serán de aplicación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. El Juez Central de lo Penal consultará a la autoridad competente del Estado de emisión sobre el posible reconocimiento y ejecución parcial de la resolución condenatoria, antes de decidir que deniega el reconocimiento y la ejecución de la resolución de manera complete.
I. Considerando que el establecimiento de un mecanismo de la Unión para this contact form la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales debería servir para reforzar la confianza mutua, ya que su objetivo es indicar los ámbitos en que se precisan mejoras en lo referido al Estado de Derecho; que la aplicación inadecuada e incoherente de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea por determinados Estados miembros no contribuye al fortalecimiento de esa confianza mutua; que un mecanismo Source de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales podría contribuir a la consecución de una aplicación coherente en los casos de denegación de la ejecución por violación de los derechos fundamentales y, por lo tanto, podría mejorar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros;
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Además, la entrega está sujeta a requisitos adicionales, tales como: que el sujeto orden de detencion europea y entrega - asistencia legal solicitado no esté sometido simultáneamente a otro procedimiento cometido anteriormente (a menos que el sujeto haya abandonado el Estado donde fue entregado o haya regresado voluntariamente después de cuarenta y cinco días), que el delito no sea punible con una medida destinada a privar de libertad own, y finalmente que el buscado haya dado su consentimiento a la entrega.